Quito, 10 de abril de 2019.- La captura de Ramiro González, el octavo en la lista de Más Buscados en el país, sucedió a las 18:55 del martes 9 de abril, en el barrio Miraflores de Lima, capital de Perú. El ciudadano es requerido por la justicia ecuatoriana por el supuesto cometimiento de dos delitos: tráfico de influencias y defraudación tributaria.

La ministra del Interior, María Paula Romo, informó en una rueda de prensa el procedimiento que viene para la extradición del expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y exministro de Industrias, durante el gobierno anterior.

La detención se dio luego de un año de investigaciones. En las labores de Inteligencia y ejecución participaron efectivos del bloque de búsqueda de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, los ministerios del Interior de ambos países, la Interpol y las Policías de Ecuador y Perú. Esta cooperación se efectuó ya que en contra de González pesa una orden de difusión roja a escala internacional.

En el caso de defraudación tributaria, el detenido es investigado porque entre 2012 y 2016 tuvo ingresos por USD 2,2 millones pero solo justificó USD 360.000. Es decir, hay una inconsistencia por USD 1,8 millones.

La funcionaria informó que la estrategia de defensa del acusado en Perú, teniendo en cuenta que ya ha hecho una solicitud de refugio, podría ser declararse perseguido político, como lo han hecho otras personas involucradas en este tipo de casos. Por ello adelantó que la defraudación tributaria es un delito que, al tener pruebas concretas de una diferencia de ingresos, no se ajusta a ese posible argumento de la defensa.

Asimismo, la ministra Romo precisó que una vez que se recibió la notificación de captura de la Interpol, le corresponde a la administración de justicia ecuatoriana solicitar a su similar de Perú la entrega de González. La Fiscalía deberá aportar con los insumos de los casos, la Corte Nacional de Justicia con los pedidos de los jueces y la Cancillería debe facilitar la comunicación entre ambas naciones.

“Hay una responsabilidad importante de la administración de justicia, tanto de Ecuador como de Perú. Confiamos en que todos estos trámites se hagan con la celeridad suficiente y permitan la pronta entrega de González a la justicia ecuatoriana para que responda por los casos por los que aquí se lo busca”, aseguró.

Por lo pronto, el Ministerio del Interior entregó toda la documentación a la Fiscal General y a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia para que se solicite la repatriación del acusado. Sin embargo, por ahora, no se puede determinar un estimado de tiempo para que la extradición se concrete.

Otros implicados en los casos de González ya han recibido sentencia en Ecuador. Es el caso de María Sol Larrea, quien fue parte de su equipo de confianza. Ella recibió la confirmación de su sentencia hace pocos días. Tendrá que devolver al país USD 3,5 millones.

El Gobierno ecuatoriano, a través de la Secretaría Anticorrupción, está pendiente de la recuperación de este dinero y además, en las próximas horas, aportará en esta tarea pues ha encontrado fuera del país un inmueble valorado en USD 500.000 que pertenecería a Larrea. Este bien no estaba en las declaraciones patrimoniales de la excolaboradora de González, ni tampoco ha sido considerado en los procesos penales entablados en su contra.

Durante la rueda de prensa, la ministra Romo recordó que Ecuador tiene casos en los que varios países no han entregado a ciudadanos requeridos por la justicia, pero confía en que esta ocasión sea diferente ya que también hay antecedentes de que Perú ha extraditado a presuntos criminales. Actualmente, hay un tratado de cooperación binacional en esa materia, entre los dos países.