BOLETÍN 084

Quito, 21 de enero de 2020.- “Hoy, nadie pone en duda la necesidad de que las mujeres alcemos la voz contra la violencia de género. Junto a varias instituciones trabajamos en conjunto para luchar contra ese delito”, enfatizó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, durante la presentación del sistema de Medidas de Protección para Víctimas de Violencia, a través del aplicativo digital del e-SATJE.

La finalidad de esta herramienta tecnológica es automatizar la solicitud y entrega de medidas de protección administrativas y penales, de manera ágil, rápida y oportuna. Este proceso está contemplado en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual establece obligaciones interinstitucionales conjuntas.

La víctima de violencia puede solicitar las medidas administrativas en las Tenencias Políticas, en las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, en las Intendencias o en las Comisarías, ubicadas en distintos puntos del territorio ecuatoriano. Asimismo, la petición de las medidas de protección penales se la efectúa en las distintas Fiscalías.

La Secretaria de Estado enfatizó el compromiso renovado del Ministerio de Gobierno para proteger los derechos de las mujeres. “En el 2018, esta Institución trabajó activamente en el cumplimiento de las competencias establecidas en la menciona Ley; mientras que en el 2019 se fortaleció el proceso y se inició en territorio un proceso de sensibilización y capacitación en materia de violencia de género hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, agregó.

La ministra María Paula Romo, también informó que el Ministerio de Gobierno cuenta con 2634 puntos de protección para atender violencia de género, siendo la Institución con mayor número de funcionarios dedicados a trabajar en este tema. Actualmente, posee 756 Tenencias Políticas, 253 Comisarías, 24 Intendencias, que están facultadas por la Ley, para expedir medidas de protección, prevenir y sancionar este delito.

Además, indicó que dentro de la Policía Nacional existen más de 35.000 servidores policiales que trabajan en la materia, a través de 22 Unidades Vigilancia Comunitaria y 1579 Unidades de Policía Comunitaria; siendo más de 34.000 uniformados los que están a cargo de fortalecer el eje preventivo.

En el 2019, se otorgaron 2860 medidas administrativas a escala nacional, siendo Pichincha, Tungurahua y Azuay las provincias que más medidas se han concedido. En ese mismo año, el Ministerio de Gobierno participó de las reuniones para la elaboración del módulo externo del e-SATJE, para la notificación al Sistema Judicial del otorgamiento de las medidas administrativas.

Por su parte, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, afirmó que, desde el Gobierno, se construye una política pública de respeto al derecho; por eso, este proceso acerca a las mujeres que viven en zonas alejadas, para que sus derechos sean respetados.

“La violencia de género tiene muchos rostros que terminan con la vida de las mujeres. Ante esta realidad, las instituciones nos hemos unido para restablecer sus derechos, agilizando el proceso de las medidas administrativas y judiciales”, aclaró la fiscal general, Diana Salazar.

De su parte, Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional, mencionó que proyectos como el Sistema Automático de Trámite Judicial ecuatoriano, garantizan el derecho a la justicia que todos nos merecemos; por tal razón, es indispensable la unión, para que la justicia sea efectiva en todos sus niveles.

“El objetivo de promover esta Comisión mixta es un hito histórico en el país. La solución no está solo en la judicialización, debe haber un camino de diálogo y de corresponsabilidad ciudadana, para que la voz de las mujeres violentadas sea escuchada”, puntualizó Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos.