Boletín 226

Quito, 17 de marzo de 2021.- Ante la amenaza latente de inseguridad y la necesidad urgente de diseñar políticas públicas en el Sistema de Rehabilitación Social, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, declaró en Sesión Permanente al Comité Técnico que él lidera, por encargo del presidente Lenín Moreno, desde que asumió esta Cartera de Estado.

A la reunión virtual asistieron ministros de Estado, que integran el mencionado Comité, el principal, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI); además, de la Defensoría del Pueblo, entre otros. Para la próxima reunión, indicó, se invitará también al Sistema de Justicia.

“Con justicia, Fiscalía, Consejo de la Judicatura yDefensoría Pública, debemos revisar temas puntuales. Tenemos 1.200 policías vigilando a quienes cumplen arresto domiciliario. Hay otros 1.600 cuidando el perímetro externo de las cárceles del país. Otro tema es el caso de las PPL que aún no tienen sentencia”, expresó el Ministro. Informó que las medidas inmediatas que se han tomado frente a la situación de los Centros de Rehabilitación han sido los traslados para evitar enfrentamiento entre bandas; requisas más frecuentes; y, en abril próximo, se sumarán al sistema200 nuevos guías penitenciarios.

En su intervención inicial, como líder del Comité de Rehabilitación, Gabriel Martínez expuso opciones a ser observadas como potenciales políticas, por ejemplo, para reducir el hacinamiento en las cárceles, el Ministerio de Salud debe elaborar perfiles en casos de personas de la tercera edad con enfermedades catastróficas y raras, que podrían solicitar una prelibertad, siempre que no hayan incurrido en delitos contra la vida o de tipo sexual, es decir, si la justicia les permite acceder a ese beneficio por temas humanitarios.

Martínez, mencionó que se debe revisar la política de rehabilitación orientada a la cultura, deporte y educación, porque existe un gran porcentaje de adolescentes infractores con niveles de escolaridad básicos, que no terminan el bachillerato. Es importante conocer qué opciones tienen y aplicar una política orientada a mejorar sus condiciones de vida, lejos del delito.

“Debemos definir políticas de rehabilitación social encaminadas a mejoras educativas, incluidas las opciones de obtener una profesión, para que una persona privada de libertad que sale de un centro de rehabilitación no regrese al sistema; es decir, no vuelva a recaer en el delito”, dijo. También hay que establecer políticas para la ubicación de internos que no son de alta peligrosidad, que no pertenecen a bandas y no representan riesgo.

Durante la reunión de trabajo que por primera ocasiónlideró el Ministro de Gobierno, se estableció la Mesa Técnica para el Diagnóstico de Problemas Estructurales del Sistema de Rehabilitación con las instituciones del Estado, la Sociedad Civil y la Academia; además, se espera un informe del Plan de Acción del SNAI frente a la rehabilitación; también se definirán estrategias de seguridad para garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad. Se realizó la designación de una mesa técnica para la construcción de la política pública dentro del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.