Quito, 28 de junio de 2019.- Con la finalidad de constatar la legalidad en las operaciones de las compañías privadas que proporcionan servicios de seguridad, la mañana de este viernes, 28 de junio de 2019, funcionarios de distintas instituciones públicas realizaron un operativo en la capital.

La acción de control contó con la participación de servidores del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, a través del departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada (COSP); las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Como antecedente, esta cartera de Estado suscribió un plan operativo con el IESS. La meta de esta iniciativa es erradicar la explotación laboral y verificar si el personal del servicio de seguridad privada está correctamente afiliado.

Mediante inspecciones aleatorias, los funcionarios de cada institución pasan revisión a temas de su competencia con el objetivo fundamental de que las empresas se regulen en todos los aspectos. De acuerdo con Daniela Sarmiento, funcionaria del Ministerio del Interior, en este operativo se encontró, por ejemplo, que una compañía tenía un permiso de funcionamiento caducado. El trámite de la entidad  se encontraba a destiempo, ya que empezaron el proceso un mes después, lo cual no la exime de responsabilidad.

Además, los oficiales del COSP y del departamento de control de armas de las FF.AA. clausuraron una oficina en la que se encontraba el rastrillo de la compañía, lugar destinado al cuidado de las armas. “Al no tener acceso a esa oficina, tuvimos que clausurarla para que una vez que llegue el responsable, nos posibilite el acceso para la revisión”, aseguró el cabo primero de Policía, Francisco Mina.

Los funcionarios del IESS, por su parte, constataron la documentación de los trabajadores de la compañía, con énfasis en la revisión de aportes y afiliación. Mientras que los representantes municipales de la AMC, exhortaron a la empresa a obtener la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE).

El plan operativo se extenderá a cuatro provincias: Pichincha (donde se inició), Guayas, Manabí y Azuay. De acuerdo con los funcionarios, posterior a los operativos, se hará una socialización en todo el territorio nacional para que las empresas de seguridad recuerden la importancia de mantener en regla su documentación.