Ibarra, 8 de julio de 2019.- Luego de seis días de una intervención integral, el operativo antiminería ilegal en la parroquia La Merced de Buenos Aires (Imbabura) pasa a la segunda etapa. Por ello, la ministra del Interior, María Paula Romo, quien preside la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (Cecmi), convocó a una reunión para evaluar la primera fase.

La cita se desarrolló este lunes 8 de julio de 2019, en las instalaciones del ECU-911 en Ibarra. Participaron los titulares de las carteras de Estado que integran esta instancia, cómo: Defensa, Recursos Naturales, Agua, Riesgos, entre otras. Así como los representantes de los altos mandos policial y militar y las autoridades locales. La reunión, además, la lideró el vicepresidente Otto Sonnenholzner.

Durante la primera etapa, la Policía pudo intervenir las zonas que eran parte de esta economía criminal: San Gerónimo, Buenos Aires, La Y, La Feria y Ciudad de Plástico. Además, pudo recuperar el control de Mina Vieja, El Olival, Nueva Mina y El Potrero. El general Patricio Carrillo, director general de Operaciones de la Policía Nacional y quien estuvo a cargo de la acción de control, entregó los resultados.

Ocho son los principales impactos alcanzados en la primera etapa, entre ellos: la obtención del efectivo control territorial de la Policía Nacional; eliminación del escenario de alto riesgo por la cantidad de personas asentadas en los sectores mineros; bloqueo del transporte multimodal en la zona; intervención de minas; destrucción del material y otros recursos decomisados.

La evacuación ordenada y sin enfrentamientos de las personas que se asentaron en las minas y los sectores previos, es otro de los logros de la operación. Durante la primera etapa, 5.025 personas -de distintas nacionalidades y grupos etarios- salieron de manera voluntaria.

Respecto a los indicadores ligados a la seguridad, la Policía Nacional informó que hay 33 detenidos. Además, se decomisaron 15 armas de fuego, 41 cartuchos, 13 motos, 119 galones de combustible, 2.339 gramos de oro sólido, 250 gramos de marihuana, 200 generadores de energía, 52 motores de polea, cuatro bombas de agua, entre otros elementos.

Desde este momento, empezará la segunda etapa del operativo denominado Amanecer Radiante. El primer punto que se busca en esta nueva fase es generar un plan de búsqueda de inteligencia, para desarticular las organizaciones criminales que controlan y están detrás de la economía delictiva, anclada a la minería ilegal. Asimismo se realizarán operativos para desarticular las estructuras de apoyo de esta operación, que forman parte del financiamiento.

En la etapa de conclusiones de la reunión, la ministra Romo aclaró que el control a la minería ilegal no termina con la intervención en Buenos Aires que durará los 60 días que comprende la declaratoria de excepción, sino que esta es una amenaza a la seguridad ciudadana, con la que el Estado tendrá que convivir y para la que las instituciones tendrán que prepararse.

Mencionó que son 16 provincias las que tienen potencial minero. Por lo que el resguardo estatal tiene que migrar a todas estas zonas, ya que luego de la intervención en Imbabura los grupos delictivos intentarán migrar a otros yacimientos. La Policía Nacional, por ejemplo, ya ha empezado con el fortalecimiento de una unidad especializada.

El vicepresidente Sonnenholzner, en el cierre de la reunión, recalcó su preocupación por el fácil acceso que los grupos ilegales tienen al material minero ecuatoriano. Por ello, solicitó el compromiso de todas las instituciones del Estado para combatir este fenómeno con el incentivo de otras actividades como la agricultura y la ganadería.