La política de seguridad contra los delitos al medio ambiente es la prevención
Quito, 23 de octubre de 2018. Una de las políticas públicas en materia anticriminal en delitos contra el medio ambiente es el control administrativo de áreas protegidas, con el objetivo de prevenir un delito antes que juzgarlo.
Estas fueron algunas de las valoraciones que realizó Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana, en el conversatorio sobre la Protección de la Vida Silvestre mediante el Código Orgánico Integral Penal (COIP), realizado en el auditorio Magno de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador (PUCE).
En este evento también participaron René Bedón, docente de la PUCE; Mónica Andrade, representante del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas; Mario Salazar, Fiscalía General del Estado; Godfrey Merlen, representante de Sea Sheperd Conservation Society; Shaddy Heredia, representante de Movimiento Animalista Nacional.
El objetivo de este conversatorio fue estimular el intercambio de experiencias, mediante un debate desde: la sociedad civil, los delegados de instituciones gubernamentales, expertos académicos, representantes de ONGs extranjeras y nacionales, estudiantes y ciudadanos, con la finalidad de anexar ideas que sean beneficiarias para fortalecer la propuesta de reforma al artículo 247 del COIP, que será presentada a la Comisión de Justicia.
Control administrativo de áreas protegidas
Diego Tipán, en su intervención, señaló que lo más importante realizado en la reingeniería de la política pública en materia anticriminal es apuntarle al control administrativo de las áreas protegidas. En el 2017 se ejecutaron 628 regulaciones administrativas, en el 2018 hemos realizado 895.
“Esto nos permite hacer una anticipación del delito. Cuando solo nos dedicamos a investigar crímenes lo que permitimos es que alguien juzgue un delito, pero con el control administrativo lo que hacemos es prevenir el delito. Lo que buscamos no es sancionar más delitos, lo que buscamos es que menos delitos ocurran cada año” indicó.
Para el cumplimiento de estas tareas fue creada la Unidad de Policía de Medio Ambiente (UPMA) que investiga temas como delitos contra la vida silvestre, la contaminación ambiental, la contaminación mediante productos químicos y la tala ilegal de bosques.
Los resultados del trabajo de esta Unidad fueron la aprehensión de 63 personas relacionadas en delitos ambientales en el 2017. En lo que va del 2018 se han aprehendido a 42 personas.
La investigación más representativa fue el caso Tiburón ocurrido el 14 de agosto del 2017, en donde un buque de bandera china fue interceptado con 300 toneladas de pesca ilegal. El resultado de este operativo fue la aprehensión de 20 personas.
La sanción del Estado ecuatoriano producto de este delito fue la privación de libertad de tres años para el capitán del barco y uno para la tripulación además de una multa de 5 millones 900 mil dólares como reparación integral. OR/Quito.