Urcuquí, 4 de julio de 2019.- El operativo en la parroquia La Merced de Buenos Aires (Imbabura), avanza según lo planificado. En la mañana del tercer día de intervención, los efectivos de la Policía Nacional tienen bajo control la Mina Vieja, la más grande del sector.

Cerca de las 15h00, el general Patricio Carrillo, director de Operaciones de la Policía Nacional, informó que la acción fue un éxito: “Se procedió a la evacuación controlada de la gente. Esperamos que la prosperidad de la riqueza natural sirva para el desarrollo de nuestro país”, dijo el oficial.

Además, la ministra del Interior, María Paula Romo, expuso que en esta nueva acción tampoco hubo heridos ni enfrentamientos. Las personas siguen abandonado el lugar de manera voluntaria, con lo cual la cifra llegó a 3000 entre ecuatorianos y extranjeros.

Además, el personal policial de diferentes unidades, como Mantenimiento del Orden (UMO), Protección del Medio Ambiente (UPMA), Inteligencia y Policía Judicial, iniciaron un censo en Buenos Aires para verificar que las personas que han sido evacuadas desde las minas, Ciudad de Plástico y La Y no permanezcan en la cabecera parroquial confundiéndose con moradores originarios del sector, para luego intentar su regreso a las minas.

Durante la jornada de este jueves, los uniformados también encontraron tres cadáveres. El coronel José Vargas, vocero de la Policía Nacional, indicó que los cuerpos fueron levantados y trasladados hacia medicina legal para las pericias que permitan identificar las causas de los decesos y la fecha. Sin embargo, adelantó que se encontraban en proceso de descomposición, por lo que se presume que corresponden al enfrentamiento armado de las bandas delictivas del pasado 23 de junio.

Entre tanto, la Fiscalía General del Estado, entidad que también colabora con la Policía Nacional, informó que ya procesa a 22 detenidos en el operativo en Buenos Aires. Se trata de 16 ecuatorianos y seis extranjeros, quienes son indagados por actividad ilícita de recursos mineros, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización a mediana escala, y tenencia ilegal de armas de fuego.