Quito, Ecuador.- La ministra del Interior, María Paula Romo, hizo un pronunciamiento este miércoles 20 de marzo, al cumplirse un año del ataque terrorista ocurrido en Mataje, parroquia del cantón San Lorenzo (Esmeraldas). Este evento terminó con la vida de cuatro marinos: Luis Alfredo Mosquera, Jairón Sandoval, Sergio Elaje y Wilmer Álvarez. Precisamente, la ministra comenzó su intervención rindiendo honor a su memoria y solidarizándose con las víctimas y sus deudos.

En particular se refirió al trabajo en seguridad que se desarrolla en la frontera norte y a las acciones que se efectúan para evitar que los crímenes en esa zona queden en la impunidad. Informó que por este caso 14 personas fueron detenidas. Dos de ellas están sentenciadas a 17 años y cuatro meses como autoras del delito de terrorismo. Una más fue declarada culpable de ser coautora y cumple una pena de 10 años de prisión. Mientras, para otros 11 individuos que colaboraron en el ilícito, la condena fue de siete años.

“Lo que sucedió hace un año fue un golpe muy duro. Fue muy doloroso no solamente para la institución, sino para las familias y para todo el país (…). Hoy, en el aniversario del asesinato de estos cuatro marinos, queremos decir que estos casos no quedaron en la impunidad”, resaltó. Asimismo dio a conocer que actualmente hay 75 personas vinculadas al Frente Oliver Sinisterra (disidencia de la guerrilla a la que se le atribuyen los atentados en la frontera norte) que están siendo procesadas por diferentes delitos. La mayoría de ellas es de nacionalidad ecuatoriana.

Asimismo se refirió al caso de Carolina, una adolescente hallada muerta el año pasado. La ministra lamentó que ese proceso haya sido archivado luego de que las autoridades determinaran que la causa fue muerte natural. No obstante, destacó, el caso fue reabierto, se han realizado nuevas diligencias, como la exhumación del cuerpo de la víctima, y ya hay tres personas detenidas por presunto homicidio intencional.

En este delito existen sospechas en torno a una posible participación de ciertos funcionarios de la Policía Nacional en el ocultamiento de información relacionada a la muerte de Carolina. Esto también está siendo investigado al interior de la institución para establecer las responsabilidades correspondientes.

Seguridad en elecciones

En cuanto a los comicios a desarrollarse el próximo 24 de marzo, la ministra del Interior informó que la Policía Nacional garantizará la seguridad ciudadana y el orden antes, durante y después de las votaciones. Para ello 50.000 efectivos estarán activados. De estos, unos 39.700 se encargarán del área preventiva; otros 8.800, investigativa; y 1.400, estarán enfocados en tareas de inteligencia antidelincuencial.

Esta distribución del contingente se ha hecho con base a una evaluación del nivel riesgo de enfrentamientos y brotes de violencia que hay en cada territorio, debido a las denuncias que ya se atendieron durante la campaña.

También se han dispuesto 8.135 vehículos, 7.900 motocicletas, ocho helicópteros, una avioneta y un avión. Mientras que la prohibición de venta, distribución y consumo de alcohol se iniciará al mediodía del viernes 22 de marzo y concluirá a la misma hora del lunes 25.

Maniobra política

En otro punto, y ante las interrogantes de los periodistas, la ministra María Paula Romo se refirió a la decisión de la jueza Jesús Raquel Herrera que acogió una solicitud de acción de protección presentada por el abogado, Richard González, cercano al anterior Gobierno.

Precisamente, con base en las vinculaciones de dicho jurista y en función de los casos en los que ha estado involucrado, la funcionaria calificó este tema como una maniobra política. Manifestó que a la jueza Herrera se le está solicitando un pronunciamiento sobre una supuesta violación que habría sido cometida por 153 personas. Sin embargo, ni el solicitante del recurso ni el abogado González especifican el derecho que estaría siendo menoscabado, explicó la ministra.

Más allá de que en este tipo de casos a la jueza solo le corresponde calificar la solicitud de acción de protección, ya que la información y posibles pruebas se presentarán en la audiencia del 1 de abril, la secretaria de Estado anunció que los procuradores jurídicos de la Presidencia de la República y del Ministerio del Interior sí comparecerán a este llamado con el fin de desestimar los alegatos de la parte acusadora.

“Esa es la importancia que hay que darle. Es un trámite judicial que, en este caso, distrae a la Justicia de los temas importantes que tiene que tratar. Esta es una maniobra política llevada ante la Justicia por un demandante que ya lo ha hecho varias veces con la Asamblea y que además, es representante de una organización muy cercana a Rafael Correa”, expuso.