Quito, 29 de octubre.- La ministra del Interior, María Paula Romo, y el comandante general de la Policía, Nelson Villegas Ubillús, asistieron a la Asamblea Nacional para informar sobre sus actuaciones, en el marco de sus competencias, en relación a la fuga del prófugo de la justicia, Fernando Alvarado Espinel. Su comparecencia se realizó después de que el ministro de Justicia (e), Paúl Granda; de que el fiscal general, Paúl Pérez; y de que la exministra de Justicia, Rosana Alvarado, explicaran, el jueves 25 de octubre, sobre sus responsabilidades en este caso.

La ministra Romo hizo un recorrido rápido por el camino judicial de Alvarado: el 8 de agosto de 2018, la Fiscalía General dispuso a la Policía Nacional su intervención para asegurar la comparecencia de Alvarado. Según esta orden, dentro de un proceso judicial, la Policía localizó a Alvarado y aseguró su presencia ante la administración de justicia.

El 9 de agosto de 2018, la Fiscal solicitó y la Jueza de la causa dictó tres de las medidas cautelares de aquellas previstas en el Código Orgánico Integral Penal: la presentación periódica del procesado, la prohibición de salida del país y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. De entre estas medidas, la única cuya implementación corresponde al Ministerio del Interior es el registro de la prohibición de salida del país en el sistema de gestión migratoria, lo que se hizo de manera inmediata.

Y, el 20 de octubre de 2018, el Sistema Ecu911 comunicó a la Policía Nacional que Alvarado Espinel se habría retirado el dispositivo, lo que activó la respuesta policial: de inmediato, una de las unidades especializadas intervinieron en la búsqueda del dispositivo que se encontró horas después.

La ministra Romo hizo énfasis en este tema: “Alvarado Espinel no se encontraba bajo custodia de la Policía ni tampoco bajo su vigilancia. La jueza de la causa dictó tres medidas cautelares que no implican ni la supervisión ni la custodia de la Policía Nacional. En estos días, en la opinión pública han existido voces que se preguntan por qué inteligencia policial no estaba siguiendo a Alvarado, lo respondo con toda claridad: porque en este Gobierno se respeta el Estado de Derecho y en ese marco, la vigilancia de una persona solo procede cuando existe orden judicial, la que en este caso no existía”.

Luego, la Ministra explicó que después de la fuga se dispuso buscar al procesado, redoblar la vigilancia en puestos migratorios e iniciar las gestiones necesarias para solicitar a Interpol la notificación azul, la que se obtuvo a las pocas horas y que días después sería reemplazada por la difusión roja solicitada por la instancia judicial, según corresponde. También Alvarado se encuentra en el programa de los más buscados.

La Ministra aseguró que “las responsabilidades legales que nos correspondían fueron cumplidas, pero debo añadir algo: el día 20 de octubre asumí también la responsabilidad política de anunciarle al país la fuga de un procesado en un caso sensible de corrupción para evitar que los rumores sean los que ocupen el debate. Tenemos el firme propósito de ser transparentes con la información y evitar así que este y otros temas sean usados para caotizar el país”.

Para finalizar, la ministra Romo insistió en que “todos los ciudadanos tienen la obligación de responder ante la justicia, esta obligación es todavía más fuerte cuando se trata de quienes han participado en altos cargos de gobierno. Ese sería un acto de responsabilidad con el país. Fugar, difundir rumores, insultar en el anonimato de las redes, caotizar al país, instigar públicamente a cometer delitos, incitar a la discordia entre ciudadanos, no es una defensa penal, es una bajeza y una falta de respeto a los ecuatorianos”.