La ministra del Interior, María Paula Romo, acudió el miércoles 28 de noviembre a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, para presentar sus aportes al proyecto de reforma a la Ley de Comunicación, bajo la consideración de que ciertos cambios son necesarios para facilitar la discusión de los asuntos públicos de manera abierta.

La ministra dijo a los asambleístas: “la Ley de Comunicación no es solamente importante por lo que dice, sino por lo que representa y en los últimos años ha sido un mecanismo de silencio, de castigo, de censura y autocensura, por lo cual, su derogatoria es una buena señal en el camino de la reconstrucción de las instituciones democráticas”.

Uno de los temas relevantes expuestos por la titular del Ministerio del Interior fue la eliminación de mecanismos punitivos como la Superintendencia de Comunicación (Supercom) que, a su criterio, se convirtió en una agencia de control de contenidos y los delitos de opinión. Asimismo, planteó que los delitos de opinión ya no consten en el Código Integral Penal, sino que sean materia de derecho civil.  “De esa manera, las infracciones que se refieren al derecho al buen nombre, a la honra, que son derechos reconocidos, que son parte de los tratados internacionales, se debatirían en una vía civil”, enfatizó.

En otro punto, también se refirió a la necesidad de una diferenciación de contenidos. Sostuvo que no se puede dar el mismo tipo de regulación al contenido informativo, al de opinión, a la caricatura y al contenido publicitario. “La publicidad y la opinión se encuentran en extremos diferentes, la opinión debe tener la máxima de las libertades, mientras que la publicidad, como en cualquier lugar del mundo, el máximo de las regulaciones, porque hay otros derechos que precautelar”.

Sobre el Comité Interinstitucional de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, la ministra expuso los avances en su creación y la certeza de que esa instancia no se creará sin la participación de los periodistas. “Estamos trabajando para que la seguridad no solo sea al medio de comunicación, sino a la cobertura informativa de los temas de seguridad”.

Los miembros de la Comisión de Derechos Colectivos solicitaron a la ministra que ahonde sobre algunos temas. El legislador José Chalá, por ejemplo, le preguntó sobre la real malicia y la responsabilidad ulterior. Al respecto, la autoridad respondió que esa figura se presta para subjetividades y por ello, el proyecto remitido por el Presidente de la República incluye la eliminación del linchamiento mediático. “La idea de que la honra de las personas es mayor si esas personas son funcionarios públicos es errada. La honra de las personas es idéntica para todos los seres humanos y en el caso de los funcionarios públicos, me incluyo, estamos sometidos a un nivel más alto de escrutinio que cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, la responsabilidad ulterior no debe tratarse en el sistema penal sino en el civil, con los más altos estándares de protección a las personas y, reitero, debe haber la más alta protección a la libertad para cuestionar a los funcionarios públicos”, concluyó.