Quito, 12 de junio de 2019.- Autoridades del Gobierno Nacional, junto a representantes de la sociedad civil, academia, así como de administraciones seccionales y de las funciones del Estado; participaron en el lanzamiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana.

El evento se desarrolló este miércoles, en las instalaciones de la Plataforma Financiera, al norte de Quito. El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, lideró la presentación, junto a la ministra del Interior, María Paula Romo.

En la apertura del evento, la ministra Romo indicó que el Acuerdo es un proceso largo y que será un camino compartido con muchos sectores. Informó -además- que 36 municipios ya se han adherido al modelo del plan del Ministerio del Interior.

El Acuerdo se trabajará en dos ejes. El primero es la seguridad ciudadana, en el que se incluirán los elementos de participación de la ciudadanía, los Gobiernos Autónomos Descentralizados; bajo un enfoque de prevención. El segundo nivel, en cambio, se refiere a la seguridad pública, que busca resolver las grandes amenazas como narcotráfico, terrorismo, y ciberdelitos.

El principal factor de las mesas de trabajo es la corresponsabilidad y la coparticipación. Este tipo de trabajo se desea impulsar desde el Gobierno, siendo este un actor más dentro de la iniciativa. El propósito es orientar a la ciudadanía hacia una convivencia pacífica.

El vicepresidente Sonnenholzner destacó que la principal preocupación de los ecuatorianos es el anhelo de seguridad. “Estoy seguro que con el liderazgo de la ministra Romo, el acompañamiento de las demás autoridades y con la ciudadanía, vamos a lograrlo. Para que podamos tener un país seguro y disfrutar todo lo que hemos alcanzado: democracia y libertades”, dijo.

En el tema de seguridad ciudadana, el diálogo está encaminado hacia nueve acuerdos: prestación eficiente de los servicios relacionados con la seguridad; corresponsabilidad con los GAD y con los medios de comunicación, para un manejo responsable de la información; convivencia social pacífica; calidad y eficiencia de los servicios de administración de justicia; atención integral a víctimas; implementación de control democráticos sobre organismo de seguridad; trasparencia y lucha contra la corrupción; reinserción de las personas privadas de la libertad (PPL), y, finalmente, un pacto por la legalidad.

En el eje de seguridad pública, en cambio, los pactos a alcanzar son por el desarme ciudadano, seguridad de la información, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, tráfico de hidrocarburos, pornografía infantil, contrabando y venta de bienes robados, tráfico de estupefacientes, minería ilegal y tráfico de flora y fauna.

La fiscal Diana Salazar explicó que cuando se habla de seguridad, la responsabilidad no cae en una sola institución, sino que se debe trabajar de manera integral desde la prevención, el control y el ejercicio de la justicia. “Se debe apuntar a consolidar acuerdos mínimos, respondiendo a las necesidades de y los ecuatorianos”.