Saltar al contenido principal

GOBIERNO Y POLICÍA ACTIVAN LOS COMITÉS DE SEGURIDAD PARA FRENAR AL DELITO

Boletín 174

Quito, 01 de diciembre de 2020.- El Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional decidieron activar los Comités de Seguridad en todas las provincias del país, para contener a las bandas y mafias criminales que pretenden sembrar la violencia y el miedo en el Ecuador.

En una reunión presidida por el presidente Lenín Moreno, con la asistencia del ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, el comandante de la Policía, general Patricio Carrillo, la general Tannya Valera, y el director del Isspol, Juan Carlos Rueda, se analizaron a fondo los problemas de inseguridad y los niveles de delito que se están produciendo en distintas
zonas del país.

Sobre la base de este análisis se resolvió poner en marcha, y de forma inmediata, los
Comités de Seguridad, cuya esencia es observar la seguridad desde una visión estratégica y lograr un sentido de corresponsabilidad con la Función Judicial, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, para que puedan tener a cargo determinadas responsabilidades vinculadas al tema y, por supuesto, todas las instancias operativas de la Policía Nacional.

El Ministro de Gobierno anunció que para lograr el éxito de los Comités de Seguridad se
manejarán dos ejes: uno, direccionar el combate de la violencia para afectar la economía y la logística de las estructuras criminales mediante un trabajo sistemático de inteligencia; y, dos, trabajar con la policía uniformada en prevenir, disuadir y reaccionar en forma adecuada y en la proporción correcta.

Uno de los primeros objetivos, con el apoyo de la Policía Comunitaria, es intervenir en territorios, lugares y horas donde se reporta mayor incidencia del delito.

El ministro Pazmiño explicó que la activación de los comités se basa en un plan nacional
derivado de la política de seguridad, cuya acción estratégica estará a cargo del Ministerio
de Gobierno.

Sin embargo, recalcó la necesidad de que para alcanzar la gran meta de la seguridad se necesita la participación de los actores del sistema de justicia y de la sociedad civil, es
decir, el apoyo fundamental y el accionar proactivo de todos los ciudadanos, tanto civiles como uniformados.