Boletín 134

Quito, 21 de marzo de 2022.- Hay un diálogo permanente entre la CONAIE y el correísmo para buscar mecanismos de desestabilización del Gobierno Nacional, dijo de manera enfática el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, al tiempo de anotar que: estas afirmaciones las hago desde la más absoluta madurez, sin caer en los eventos psiquiátricos de gente que tiene delirios de persecución.

El funcionario señaló que más allá de los informes de inteligencia con que cuenta el régimen; es público y notorio, que el señor Leonidas Iza, dirigente de la CONAIE, se encuentra visitando todas las comunidades y pueblos de la Sierra y el Oriente, “mal informando a sus bases, que el Gobierno Nacional va a privatizar el agua. El señor Iza desconoce que en el proyecto de Ley de Inversiones, tácitamente se prohíbe y se pusieron candados para impedir tales prácticas”.

El presidente del Partido socialcristiano, Luis Serrano, acusó el régimen de tener un pacto con Pachackutik y otras bancadas al interior del Legislativo, para mantener en el cargo a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. “Que yo sepa el correísmo votó por esta intención, legítima por supuesto, de auditar la gestión de la Presidenta y de otros directivos de la Asamblea. Pero que el Gobierno sabe que hay otros intereses tras esas acusaciones del señor Serrano.

Con absoluta claridad el Gobierno Nacional sostiene la existencia de este tridente (correístas, Partido Socialcristiano y Pachakutik), para buscar a toda costa la inestabilidad del régimen y del sistema democrático en su conjunto. “Desde agosto del año pasado estos señores públicamente dicen que desean que a este Gobierno le vayan bien porque le irá bien al país; pero, en privado, dicen otra, porque no les interesa el éxito de esta administración. Les preocupa su agenda, les preocupa sus intereses, partidistas, de grupo o personales. Realizan muchas cosas para que le vaya mal al régimen y al país. Bloquean, conspiran, sabotean, estos grupos”, añade.

MUERTE CRUZADA

Hay varios sectores: profesionales, políticos, sociales,  la academia; sostienen que la medida es facultad presidencial y que debe ser urgente; pero existe un Gobierno que tiene que poner serenidad al análisis. Qué sucede luego de una muerte cruzada: El gobierno tiene seis meses para actuar emitiendo decretos ley con el visto bueno de la Corte Constitucional, y luego de seis meses se convoca a elecciones. “Pero qué es lo que va a cambiar; vamos a continuar con la elección de asambleístas en la primera vuelta y seguramente con un la atomización de candidatos presidenciales que influenciarán en la elección parlamentaria”.

Ir por ese camino, dice, será volver a la misma arquitectura, misma dispersión, otra vez los bloqueos. Aunque se desanude la conflictividad que implica este  problema; los próximos Gobiernos y los que vengan tendrán los mismos problemas. La muerte cruzada tiene que ser abordada con responsabilidad y con  la serenidad del caso, tomando en cuenta que esa es una herramienta de última instancia,” explicó.

Fuertes asegura que el régimen es defensor a ultranza, de que el diálogo es el único camino para superar las diferencias y fortalecer las coincidencias.