Guayaquil, 31 de julio de 2018. Con una vigilia durante la noche del 30 julio, que reunió a niños, jóvenes y adultos, en el parque “Paseo La Merced” en Machala, terminó la actividad planificada por el Día Mundial de la Lucha Contra la Trata de Personas, a la que se sumaron el Gobierno Nacional en conjunto con organizaciones sociales, la ciudadanía y la Oficina de Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (ONUDC por sus siglas en inglés) en el Ecuador.

Frases como “Por una vida libre de violencia, #AquíEstoy contra la trata de personas”; “No soy tuya, soy mía”; “No a la trata; rompe las cadenas”, sirvieron para exponer el rechazo a un delito que afecta a todos los grupos de la sociedad ecuatoriana: un 62% de víctimas son adultas; el 37% son niños, niñas y adolescentes; y el 1% son personas de la tercera edad.

Así indicó Tomás Guayasamín, director de Prevención, Trata de Personas y Tráfico Ilegal de Migrantes del Ministerio del Interior, quien, también, informó que desde el 2014 se han judicializado 365 casos, en los cuales el 97% de víctimas son ecuatorianas; el restante son hechos sucedidos contra personas de nacionalidad colombiana, peruana; y, últimamente, venezolanos.

A nivel local, las provincias en los que se han detectado más casos de trata de personas por explotación sexual son Manabí, Los Ríos, Guayas, Pichincha y El Oro. Las provincias con más hechos de explotación laboral son Imbabura, Pichincha, Carchi y Sucumbíos.

“La trata de personas es un fenómeno con varias aristas, no solo delincuencial. Por tal motivo desde el Estado hacemos una labor interinstitucional para darle un tratamiento integral a las víctimas; y procesar judicialmente a los culpables”, expresa Tomás Guayasamín.

El delito en sí es un tema bastante complejo, considera Guayasamín, porque hay que indagar desde cuando las redes captan a la víctima. En el 2017 hubo 53 sentencias a nivel nacional; y este año hay 5 casos resueltos. “La investigación puede tardar hasta 2 años”, afirmó.

En tanto la gobernadora de El Oro, Rosa López, elogió la gestión del Estado en la lucha contra la trata de personas e indicó que en su provincia, por el hecho de estar en la frontera, se detectan casos de explotación, sexual y laboral, en escenarios donde hay minería ilegal; y que la mayoría de víctimas son extranjeros de Perú, Colombia, Venezuela, también europeos y del Caribe.

Desde el 2017, en la Ley Orgánica de Movilidad Humana se creó el Comité de Coordinación para la Prevención de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus víctimas con la intención de proporcionar asistencia integral a las víctimas y detectar a los depredadores sexuales y someterlos a la Ley.

Este Comité presidido por el Ministerio del Interior es integrado por los ministerios de Educación, Inclusión Económica y Social; de Trabajo, de Salud Pública, de Turismo y de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Se suman la Secretaria de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación, la Secretaría Nacional de Comunicación, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo.