Ibarra, 20 de enero de 2019. Las principales autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional; los alcaldes de los seis cantones de la provincia de Imbabura, y otras autoridades provinciales dieron una rueda de prensa esta tarde, en el ECU 911, luego de analizar en conjunto -el contexto y sobre la base de información objetiva- el lamentable femicidio de Diana, cuya particularidad fue que ocurrió ante la presencia de policías y ciudadanos, en la ciudad de Ibarra.

El general Patricio Carrillo, director Nacional de Operaciones de la Policía Nacional, explicó que lo ocurrido ayer empezó como un caso de violencia intrafamiliar y fue escalando la gravedad de la situación hasta terminar en el crimen de Diana, un hecho sobre el que “no nos queda más que como Policía Nacional asumir el incumplimiento de algunos pasos puntuales en el protocolo de comando de incidentes”. No obstante, el general Carrillo dejó en claro que los policías ecuatorianos tienen la facultad de usar su arma si la situación lo amerita, de acuerdo con principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad: “ningún policía está prohibido de hacer uso del arma. Somos una institución jerarquizada, especializada, técnica y armada por lo cual se autoriza el uso de la fuerza”.

La Ministra del Interior, María Paula Romo, lo dijo en la mañana y lo repitió en la rueda de prensa: “la Policía no solo puede usar la fuerza, sino que tiene la obligación de hacerlo. Cuando se trata de proteger una vida, la Policía no debe dudar. Ese es su papel y está facultada para hacerlo”. Sin embargo, tras el incidente de anoche y sin justificar la respuesta policial dada, la Ministra contextualizó que Imbabura es la única provincia que tiene un policía privado de la libertad por haber usado su arma para contrarrestar un grave incidente; ello ocurrió en medio de un enfrentamiento entre pobladores y policías en la población de Mascarilla, gravemente afectada por la minería ilegal vinculada al crimen organizado. “Cuando estos casos suceden -dijo la Ministrahay que dar explicaciones y rendir cuentas sobre el tipo de procedimiento que se emplea, pero también hay que dar un mensaje claro de respaldo a la actuación de la Policía Nacional”.

Precisamente, hace tres días en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura, se realizó un operativo con ocho allanamientos y 24 detenidos. Sin embargo, la jueza liberó a todos los implicados y a criterio de la ministra Romo, ese accionar también es un mensaje negativo hacia la labor de la Policía. Por ello, hizo un llamado para que fiscales y jueces respalden la acción policial.

En la rueda de prensa estuvieron, además, Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra; Fabian Posso, alcalde de Antonio Ante; Julio Cruz, alcalde de Urcuqui; Óscar Narváez, alcalde de Pimampiro; Jomar Cevallos, alcalde de Cotacachi; Pedro Manuel Rosales, representante del Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y Pablo Jurado, prefecto de Imbabura.