Boletín 229

El Ministerio de Gobierno se reserva el derecho a hacer observaciones más amplias una vez que se concluya un análisis detallado del informe, pero de manera preliminar realizamos las siguientes observaciones:

• El informe fue elaborado por una comisión extrajudicial, en la que dos de sus integrantes renunciaron por no estar de acuerdo con la mencionada comisión. Por lo tanto, debe ser tomado como una versión de los hechos pero de ninguna manera como una verdad absoluta. Es una comisión ad hoc nombrada por un funcionario cuya objetividad se encuentra en duda ya que acompañó a los manifestantes en el secuestro de policías y periodistas.
• Los acontecimientos de octubre se dieron en un contexto de extrema violencia en que la Policía Nacional actuó para mantener el orden y el imperio de la ley. No se desalojaron lugares de reunión ni se registraron enfrentamientos que no fueran aquellos en que la Policía Nacional, en el ejercicio de su misión constitucional y sus obligaciones legales repelió la violencia de los manifestantes, mientras, además, se encontraba vigente un estado de excepción. Las expresiones de violencia fueron de tal intensidad que, al menos un tercio de las personas que sufrieron algún tipo de herida fueron precisamente servidoras y servidores policiales. En ese contexto, el informe desconoce esas circunstancias.
• En el informe se omiten episodios que permitirían una visión global de los hechos: como por ejemplo, los secuestros a periodistas, policías y militares, vejaciones a mujeres policías que permanecieron secuestradas y que fueron amenazadas con ser violadas y que, de hecho, fueron objeto de vejámenes sexuales; el incendio de la Contraloría General del Estado, el incendio de Teleamazonas, el ataque de manifestantes a ambulancias, las acciones destinadas a impedir la provisión de agua potable a la ciudad de Ambato, el corte de vías que impidió el traslado normal de personas con cáncer y otras enfermedades catastróficas para recibir sus tratamientos y que debieron ser trasladadas por aire, entre otras.
• Según el informe lo confirma, ni uno solo de los casos de quienes perdieron la vida se debe al uso de un arma de dotación de la Policía Nacional.
• No existen elementos, ni indicios, ni peor pruebas que permitan sugerir siquiera que se hayan registrado situaciones que, bajo los parámetros internacionales de Derechos Humanos pudieran calificarse como “crímenes de lesa humanidad”. De manera forzada se pretende afirmar, sin sustento alguno, que habrían existido situaciones asimilables a ataques deliberados, sistemáticos y generalizados contra población civil. Cuestión que carece de asidero en los hechos y en el derecho.

El Ministerio seguirá colaborando con todas las investigaciones judiciales que correspondan, como lo hecho hasta ahora, y seguirá empeñado en que se analicen sin sesgos ni direccionamientos, la verdad sobre los hechos suscitados en octubre del año 2019.