Boletín 140

Cuenca, 03 de abril de 2022-. Tras las alteraciones en el orden interno del Centro de Privación de Libertad (CPL) Azuay N.° 1, de Turi, ocurridas durante la madrugada de este domingo 3 de abril, el Gobierno Nacional actuó de forma inmediata e integral a fin de contener la irracionalidad y radicalismo dentro del Centro; y devolver el orden y la paz en estricto respeto de los Derechos Humanos. Durante una rueda de prensa, las autoridades gubernamentales brindaron detalles de las acciones de intervención ejecutadas.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que una vez conocido el suceso se activó inmediatamente la atención gubernamental. Efectivos de la Policía Nacional (PN) y Fuerzas Armadas (FF. AA.) han sido desplegados para mantener la seguridad interna y externa del lugar. Y lamentó que, de momento, se ha identificado 12 víctimas; por lo que extendió de parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, y del Gobierno las condolencias a los familiares de las personas privadas de libertad que –lastimosamente– fallecieron hoy “en esta guerra irracional de quienes no entienden que la democracia es vivir en paz”.

Indicó que, desde el Gobierno del Encuentro, se están haciendo todos los esfuerzos que corresponden a un accionar interinstitucional: “Este es un tema de Estado, no es una respuesta correspondiente a una sola institución. Por ello ha tomado un par de horas este nivel de coordinación”, aseguró Carrillo al reiterar que la principal lucha es –siempre– contra la corrupción que existe en los centros penitenciarios.

El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez, detalló que inmediatamente al suscitarse las alteraciones en el CPL de Azuay N° 1 se articuló una coordinación interinstitucional con la Cruz Roja, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para brindar atención móvil a los afectados. A más del levantamiento de información técnica realizado entre la Fiscalía General del Estado y la SNAI. “Inmediatamente se evacuaron y pusieron a buen recaudo a 90 personas privadas de libertad de este centro, 10 de ellas estaban heridas y fueron ya atendidas”, señaló al explicar que aún permanecen 5 ambulancias en los exteriores del lugar para prever posibles eventualidades.

Por su parte, la secretaría de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, aseguró que, desde el Directorio del Organismo Técnico, el eje social del Sistema Penitenciario, se han desplegado algunas acciones como: traslado de equipo especializado desde Guayaquil y Loja para brindar atención a los familiares de las personas privadas de libertad y en cuanto se dé las evacuaciones de los fallecidos se accionaran los protocolos correspondientes para la entrega de los cuerpos. “La logística de los féretros será asumida por esta cartera de Estado y todo lo que necesiten los familiares de las personas privadas de libertad”, afirmó al resaltar que desde el Gobierno del Encuentro se ha venido trabajando –sin descanso– para solventar esta crisis del Sistema Penitenciario “que es producto del olvido de muchos años del Estado y ahora estamos aquí en primera fila para brindar todo el contingente que sea necesario”.

Además el ministro Carillo informó: “Hemos decidido ya algunas acciones a ejecutarse, dentro de un plan y una gran estrategia que cada dos horas continuaremos informando”. En esta línea el secretario General de Comunicación (Segcom), Eduardo Bonilla, señaló que se están tomando acciones inmediatas y contundentes que no se pueden revelar por motivos de seguridad: “En las próximas horas se informará lo que se aplique, que con certeza será diferente a lo accionado anteriormente”. Desde su cuenta de Twitter, también apuntó que “desde las redes de Segcom estamos compartiendo información actualizada. Hacemos un llamado a informarse a través de canales oficiales”.

De esta manera, el Gobierno Nacional despliega todo el contingente necesario para precautelar el bienestar de las personas privadas de libertad en todos los centros de privación de libertad del país.