El Gobierno del presidente Lenín Moreno llevó un mensaje importante a la Asamblea Nacional: unidad y diálogo para crear leyes y políticas públicas que promuevan la seguridad ciudadana, los derechos de hombres y mujeres en salud, educación, medioambiente, y también para luchar contra las causas que generan violencia hacia las mujeres, niñas, y niños, contra la xenofobia y otras formas de discriminación que ponen en riesgo la vida de las personas, nacionales o extranjeras, que viven en el país.

La portavoz de ese mensaje fue la ministra del Interior y secretaria de Gestión Política (e), María Paula Romo, quien realizó su comparecencia, ante el Pleno de la Asamblea, con la presencia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner; del Gabinete gubernamental y del Alto Mando de la Policía Nacional, liderado por el General Nelson Villegas. Al inicio de su intervención, la Secretaria de Estado sostuvo que con la presencia de estas autoridades se configura la predisposición gubernamental de construir una convivencia pacífica, “en el marco de valores democráticos, de articular nuestras diferencias a través de las herramientas que nos permite la Democracia, como el diálogo, que es el sello de este Gobierno”.

En relación al motivo central de la comparecencia relacionado con la actuación de la Policía en varios casos de conocimiento público, la ministra Romo explicó que se trata de dos caras de una misma moneda, pues en el caso conocido como Mascarilla y el femicidio ocurrido el sábado en la noche en Ibarra, tienen que ver con el uso de las armas por parte de los efectivos que intervinieron en estos hechos. Frente a esto, “mi primer pedido es que desde las instituciones y desde la sociedad le demos un mensaje claro a la Policía Nacional: digámosle a los 48 200 policías activos en el Ecuador, que todos estamos claros en que no solamente están facultados a usar la fuerza sino que tienen la obligación de hacerlo en el marco de la Ley y siguiendo los procedimientos que existen para cada caso”.

Específicamente sobre Mascarilla, la Ministra del Interior explicó la conflictividad de la zona, marcada por la minería ilegal y el crimen organizado. El año pasado, dijo, hubo 600 eventos violentos y 64 agresiones a miembros de la Policía Nacional, uno de esos hechos ocurrió el día en el que lamentablemente ocurrió la muerte de un ciudadano afroecuatoriano. Es una parroquia que en el último censo de población reportó 1.893 habitantes, no obstante, actualmente se calcula que hay entre tres mil y cinco mil personas trabajando en una mina ilegal, y en la misma zona hay delincuencia organizada, explotación sexual, afectación al orden público; y por último, el año pasado hubo seis fallecidos y nueve heridos. En este contexto, pidió la Ministra, la muerte del ciudadano afroecuatoriano no puede ser entendida bajo ningún punto de vista como un delito con contenido racial ni como una ejecución extrajudicial, en el proceso, el juez que lleva la causa lo ha enfocado como uso excesivo de la fuerza.

Sobre el femicidio en Ibarra, la titular de esta cartera de Estado insistió en que “la violencia machista no tiene nacionalidad, el hecho de que este delito haya sido cometido por ciudadano extranjero no puede utilizarse como una estigmatización. (…) El incidente de Ibarra va a ser investigado porque es una omisión, porque Diana no debió haber sido asesinada esa noche, porque no debió haber muerto delante de la Policía, por ello, quiero insistir, cuando se trata de salvar una vida, la Policía no debe dudar, tiene que actuar”.

Para ahondar sobre la seguridad, la Ministra explicó las diferencias entre violencia social y criminal, esta última está relacionada con el crimen organizado y la delincuencia común, mientras que la violencia social es producto de las riñas callejeras o la violencia en el hogar, es decir, tiene que ver con las relaciones interpersonales. En cifras, el año pasado, el 53% de los asesinatos fueron por violencia social y como ejemplo están estas últimas dos semanas: en Manabí, una mujer fue detenida por prostituir a su hija de 14 años; hace una semana, tres hombres ecuatorianos violaron brutalmente a Martha, en Quito; hace tres días, en Chimborazo, un niño de 12 años apuñaló a su primo de 14, quitándole la vida; hace dos días, en Guayaquil, la Policía levantó el cadáver de una mujer que estaba empacada en una maleta y habría sido ahorcada por su hermana. Ninguno de estos casos tiene que ver con la violencia criminal. En todos estos casos los esfuerzos de la Policía son insuficientes, entonces, es indispensable reconocer que no vamos a poder enfrentar esta violencia sino revisamos nuestros comportamientos (…), si frente a estos escenarios de violencia vamos realmente a apostar por la paz y por el diálogo”.

La comparecencia duró casi cuatro horas, en las que respondió dos preguntas por cada bloque legislativo y se amplió hacia otros temas como la necesidad de reformar el capítulo disciplinario del COESCOP y el Código Penal, en cuanto a la destrucción del material minero. También pidió a la Asamblea que no se juzgue a la Policía por un hecho, sino que se tome en cuenta que a diario está haciendo bien su trabajo, y que sin duda hay mejoras por hacer, hacen falta capacitación y recursos de todo tipo, pero hay la certeza de que la Policía Nacional actúa con profesionalismo para proteger a la sociedad ecuatoriana.