BOLETÍN 056

Quito, 21 de noviembre de 2019.- La madrugada de este jueves 21 de noviembre, se ejecutó la operación “Victoria 403”, en las provincias de Pichincha, Manabí, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante la cual se desarticuló una organización delictiva dedicada a cometer delitos de robo a personas, domicilios, carreteras y entidades financieras, bajo las modalidades de asalto a mano armada, sacapintas, extorsión, secuestro, sicariato, entre otras.

En rueda de prensa conjunta, entre Fiscalía General del Estado (FGE), Ministerio de Gobierno y Policía Nacional, las máximas autoridades informaron pormenores del operativo.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que, entre los detenidos hay dos policías en servicio activo, dos en servicio pasivo; un militar en servicio activo; y dos funcionarios de la Fiscalía.

«Lo que hacían era perfilar personas a quienes creían que podían quitarles sus pertenencias y hacían supuestos allanamientos que era su forma de robar a los ciudadanos», informó la Secretaria de Estado.

Además mencionó que la  banda ya está desarticulada. «La ley es para todos, todavía es más rigurosa para quienes están encargados del orden público. Mientras los procesos legales se desarrollan, todos estarán sujetos a sanciones disciplinarias», ratificó.

La Ministra de Gobierno agregó que todo el rigor de la ley para quienes pretenden tener impunidad.

Por su parte, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, fue enfática al decir que, «El mensaje es claro: cero tolerancia a la corrupción, venga de donde venga».

La titular de la FGE agregó que durante los últimos meses en la Institución que lidera, se han efectuado investigaciones en contra de varios funcionarios que ya han arrojado algunos resultados. “En Esmeraldas, una Fiscal está privada de su libertad por dedicarse a actividades delictivas, y lo propio en la provincia de Chimborazo. Días atrás solicitamos al Consejo de la Judicatura que se tomen las medidas administrativas contra este funcionario, porque se venían detectando irregularidades en el desempeño de sus funciones. A esto se suman estos dos servidores, que ya han sido separados de nuestras filas”, dijo.

Por su parte, el Comandante General de Policía, Nelson Villegas, indicó que este tipo de hechos tampoco serían tolerados en las filas de la Institución.

El centro de residencia y planificación de esta organización delictiva se encontraba en Quito y Santo Domingo, mientras que sus operaciones se concentraban en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí.

Cabe señalar que cuatro meses duró el trabajo investigativo que permitió identificar a la banda. «Cada uno cumplía roles específicos como ejecutores, financistas, campaneros, seguridad, colaboradores y más», agregó Villegas.

El fiscal de Pichincha, David Bermeo, explicó que el modus operandi consistía en perfilar a sus víctimas –y una vez seleccionadas–, ingresaban a los domicilios con órdenes de allanamiento falsas, utilizando chompas similares a las de instituciones públicas como Fiscalía y Policía Nacional. Ahí, mediante amenazas de privar de su libertad a las víctimas, procedían a sustraerse dinero, dispositivos electrónicos y objetos de valor. También las extorsionaban para que les entreguen fuertes cantidades de dinero.

Cinco personas fueron detenidas en delito flagrante. Los otros 16 fueron capturados dando cumplimiento a una orden judicial, para lo cual se allanaron nueve inmuebles en el Distrito Metropolitano de Quito, en donde se recopiló una serie de indicios, entre ellos, dos armas de fuego, prendas de uso policial, celulares y más.

Los detenidos fueron trasladados hasta la Unidad de Flagrancia para ser puestos a órdenes de autoridad competente y los indicios ingresados al C.A.I.E. de la Policía Judicial, bajo la respectiva cadena de custodia.