Boletín 102

Quito, 11 de enero de 2022.- En el marco del convenio suscrito entre el Ministerio de Gobierno y el Municipio de Quito, el pasado 15 de agosto, esta tarde se realizó una reunión de la Comisión Interinstitucional de Seguridad de la urbe.

El objetivo de esta Comisión consiste en establecer y planificar acciones, planes, programas y proyectos en el ámbito de la seguridad ciudadana, el orden público y la convivencia pacífica. Se gestionará un Plan Local de Seguridad, el cual deberá contemplar estrategias de repotenciación de Unidades de Vigilancia (UVC) y de Policía Comunitaria (UPC).

El viceministro del Interior, Max Campos señaló que el Gobierno promueve una articulación efectiva para intervenir zonas conflictivas, evitar delitos y fortalecer la seguridad en Quito. “Es fundamental fomentar una cultura de paz mediante la participación de los ciudadanos en la seguridad, como la generación de denuncias de delitos, el buen uso de espacios, y el comportamiento encaminado a la reducción de incivilidades”.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad de Quito, se han generado acciones relacionadas a la erradicación de la violencia de género, la gestión de la seguridad en el espacio público, la promoción de una cultura de paz y la atención de riesgos con un enfoque de inclusividad.

El Viceministro informó que luego de las intervenciones de seguridad en el Centro Histórico, según estadísticas de la Policía Nacional, ha existido una reducción en los índices delincuenciales del 11 al 31 de diciembre de 2021, en comparación al mismo período del año 2019, en delitos como: robo a personas (-63%), bienes y unidades económicas (-60%).

El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, señaló que la Comisión trabajará todo el año y sesionará de manera permanente, con el fin de activar respuestas conjuntas en materia de seguridad, como los operativos Rayo Quiteño.

Las autoridades hicieron un llamado a la apropiación de espacios por parte de la comunidad, a la cohesión social y la disminución del consumo de alcohol o sustancias sujetas a fiscalización, para facilitar la disminución de la violencia interpersonal y evitar la perpetración de otros delitos.