Boletín 216

Quito, 9 de agosto de 2022. Este martes, en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se desarrolló la tercera reunión, de la Mesa 3 que tuvo que ver con el control de precios. La creación de una canasta básica en el área rural, difusión de la tarifa de la dignidad en el consumo de energía eléctrica, reforma del Acuerdo Ministerial 69, actualización de la resolución de la tarifa social de los servicios de telefonía móvil e internet fijo para la población vulnerable, son algunos de los consensos alcanzados este día.

El pasado 2 de agosto, se acordó que el Ejecutivo entregaría una propuesta formal, en la que se daría respuesta a los 6 planteados de las organizaciones indígenas, para que estas sean analizadas por la contraparte, y así alcanzar un acuerdo.

Las organizaciones indígenas solicitaban: acceso a la información; control gubernamental de precios; control social -con la conformación de un observatorio-; control externo -operativos estatales para evitar el contrabando-; fortalecer la disponibilidad de alimentos; y, control de precios de energía eléctrica, conectividad y GLP.

El Ejecutivo planteó 12 propuestas agrupadas en tres ejes de acción: acceso a la información; políticas públicas; y, control de precios.

En el eje de información, se realizará el levantamiento de precios y la construcción de una canasta básica en el área rural, para lo cual se seguirá un proceso técnico y participativo, del cual se encargará en el INEC.

En el eje de políticas públicas, se actualizará la resolución de la tarifa social vigente tanto para los servicios de telefonía móvil como de internet fijo, para ampliar este beneficio preferentemente a la población vulnerable del área urbana y rural. En un plazo de 90 días, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), movimientos y organizaciones sociales, definirán el mecanismo para seleccionar los beneficiarios de las tarifas sociales de telefonía móvil e internet fijo. De su parte la ARCOTEL asegurará que los productos generados bajo esta modalidad garanticen su calidad de acuerdo con las normas vigentes.

En el eje de Control, el Ministerio de Gobierno reformará el Acuerdo Ministerial 0069, a fin de incluir una infracción administrativa relacionada a la inobservancia de precios oficiales, referenciales, márgenes de comercialización y en general política de precios.

Existen puntos críticos como el establecimiento de precios referenciales para productos industrializados, en los cuales el Ejecutivo ha expresado su preocupación, ya que estos tienen factores externos que afectan su costo “y plantear un precio referencial tendría como consecuencia el desabastecimiento o discriminación de mercados.”

Se acordó llevar a cabo dos jornadas para concluir el plazo estipulado para esta Mesa, en las que se debe abordar los temas críticos.

Desde el Ejecutivo, existe la voluntad política de alcanzar consensos, y por ello se han desarrollado equipos de trabajo para presentar propuestas responsables, con plazos y términos específicos. Mejorar la condición de vida de los ecuatorianos y primordialmente de los grupos vulnerables, es un compromiso del Gobierno Nacional.

En la reunión participaron: Homero Castanier, viceministro de Gobierno; Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; Eduardo Izaguirre, viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería; Félix Chang, viceministro del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL); Ricardo Freire, intendente general de la Superintendencia de control del Poder del Mercado (SCPM); Roberto Villalba, subdirector Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), delegados de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME); y delegados de las organizaciones indígenas.