BOLETÍN 156

Quito, 10 de septiembre de 2020.- Un estudio técnico integral ordenado por la ministra de Gobierno, María Paula Romo; además, de la auditoría concurrente de la Superintendencia de Bancos y de la Contraloría General del Estado han puesto al descubierto una serie de irregularidades en la administración financiera del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Así lo dieron a conocer esta mañana, durante una rueda de prensa efectuada en Quito, la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo; y, el director de la entidad, General (sp) Jorge Villarroel.

La ministra Romo dio a conocer detalles de qué le está permitido al Isspol, entidad que forma parte del sistema de Seguridad Social, goza de autonomía; y, además de administrar los fondos de reservas, concede prestaciones de retiro, invalidez y muerte. Cuenta con más de 80 mil afiliados, entre policías activos y pasivos.

También refirió que el trabajo análisis técnico especializado en los ejes de riesgo legal, de liquidez, financiero, reputación al manejo financiero y de inversiones, entre otros. “Lamentablemente, conforme hemos analizado lo que sucedía en el Isspol y la auditoría concurrente de la Superintendencia de Bancos, hemos podido descubrir irregularidades”, informó la Secretaria de Estado.

Frente a esta situación, la Fiscalía General tiene ya en su poder las denuncias presentadas por los ilícitos que han ido detectando. Citaron casos como la compra de bonos, pactos de recompra, bonos con diferentes plazos. “No se sabe dónde está la empresa que los ha adquirido”, enfatizó el general (sp) Jorge Villarroel. Aunque, aclaró, que se tiene identificado al ejecutor de la compra.

También se dieron a conocer los ejemplos de 200 casas construidas en Montecristi, con una inversión superior a los 14 millones de dólares, de las cuales solo se han vendido dos. Además, la Ministra expuso el caso del fideicomiso firmado con la Universidad Técnica Equinoccial (UTE), que supera los 7 millones de dólares, de los que no se ha recibido ningún reembolso. “Empezamos a exigir el pago, a través de medidas judiciales, coactivas y la Contraloría está apoyando en las gestiones de cobro”, manifestó María Paula Romo.

Otro de los casos que se hizo público en la rueda de prensa fue la adquisición de la hacienda Anchamasa, ubicada en Uyumbicho, cantón Mejía, provincia de Pichincha, que en el año 2014 hiciera la entidad de seguridad social de la Policía. Se la compró a un costo de 14’800.000 dólares, pese a que el avalúo comercial del predio era de 500.375,33 dólares.

Pero no es la única compra de esa índole. El director del Isspol indicó que “se han presentado cinco denuncias por adquisición de bienes inmuebles, en Guayaquil y Quito, con evidentes sobreprecios; además, se ha detectado peculado y abuso de confianza. “A la justicia le corresponde determinar responsabilidades”, indicó Villarroel.

En tanto que, el Comandante General de la Policía, indicó que en los ilícitos detectados, podría existir una concurrencia de delitos, como malversación, fraude, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y otra serie de acciones ligadas al crimen organizado.