Boletín 115

Quito, 02 de febrero de 2022.- El Ministerio de Gobierno a través de la Dirección de Regulación y Control de Servicios de Seguridad Privada, en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio del Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y Fuerzas Armadas, realizaron un operativo interinstitucional de funcionamiento a empresas de prestación de servicios de seguridad privada en el Distrito Metropolitano de Quito.

Daniela Sarmiento, delegada de control de esta Cartera de Estado,  señaló que los operativos a estas empresas buscan verificar el cumplimiento de sus obligaciones administrativas y garantizan que la prestación de los servicios de seguridad a la ciudadanía sean óptimos, legales y de calidad.

De su parte, Santiago Armijos, inspector del Ministerio del Trabajo, explicó que controlaron las responsabilidades vigentes del Código del Laboral, entre las cuales constan: contratos, pago de remuneraciones, el reglamento interno de trabajo, manejo de fondos de reserva y otros.

También las Fuerzas Armadas realizaron controles de las armas de las empresas privadas, las cuales deben contar con permisos de operación y estar en buen estado, para el uso de los trabajadores de la seguridad privada.

En cuanto a las competencias del Instituto de Seguridad Social, Gabriela Ortiz, delegada de esta entidad,  mencionó que se realizaron verificaciones de las afiliaciones de todos los trabajadores, con el fin de que en caso de emergencias de salud relacionadas a la prestación de sus servicios, puedan re acceder a estos.

Durante los controles, servidores militares decomisaron 17 municiones no autorizadas de funcionamiento en un establecimiento en el sector La Floresta.

Registramos 1.400 empresas que prestan servicios de seguridad privada en todo el país, enfocadas a la guardianía, monitoreo, investigación privada, seguridad fija y móvil.

El Gobierno del Encuentro trabaja en el fortalecimiento de la seguridad privada del país, con el fin de que la prestación de estos servicios de articule a las estrategias nacionales de orden público, convivencia pacífica y seguridad ciudadana.