BOLETÍN 165

Quito, 21 de octubre de 2020.- “Decevale debería ser liquidado, lo estamos pidiendo a la Superintendencia de Compañías», indicó esta mañana, en rueda de prensa, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien junto al comandante general de Policía, Patricio Carrillo; y el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), Jorge Villarroel, dieron a conocer varias irregularidades detectadas luego de los análisis realizados a los movimientos ejecutados con fondos del Isspol.
“Estamos frente a una gigantesca estafa en contra del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, pero en general, en contra de recursos de todos los ecuatorianos”, expresó la Ministra, para quien la responsabilidad del Decevale desconcierta e indigna.
El pedido sobre la liquidación de la entidad Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores S.A., se da, indicó la principal de esta Cartera de Estado, porque, como custodio de los fondos del Isspol, tiene responsabilidad directa en los malos manejos, pues ha incumplido el Artículo 70 de la Ley del Mercado de Valores, que indica:
Art. 70.- Responsabilidad del depósito.- La omisión de las inscripciones, las inexactitudes y retrasos en las mismas, la disposición arbitraria de los efectos depositados y, en general, las infracciones de los deberes legales y reglamentarios relativos al depósito, compensación, liquidación y registro, darán derecho a los perjudicados a reclamar al Depósito Centralizado la indemnización de los daños sufridos, excepto el caso de culpa exclusiva del usuario de los servicios.
El reclamo de la indemnización de daños y perjuicios no impedirá el ejercicio de las acciones penales a que hubiere lugar.
Cuando el perjuicio consista en la privación de determinados valores y ello sea razonablemente posible, el Depósito Centralizado procederá a adquirir valores de las mismas características para su entrega al perjudicado. De no ser posible esta forma de restitución, el depósito deberá entregar al perjudicado el valor en efectivo, correspondiente al último precio de negociación.
La Ministra criticó la acción del Decevale que, según información recibida hasta ayer, no tiene en su poder bonos que corresponden a la Policía Nacional. Estos, mencionó, se encuentran en poder del ICS (Institutional Custody Services), entidad que se conoce está suspendida desde hace dos años y tiene como custodio a Jorge Chérrez Miño, principal implicado en las operaciones de al menos 532 millones de dólares de los fondos del Isspol.
En tanto, Jorge Villarrroel indicó que el pasado lunes, durante una reunión virtual con Chérrez, en la que además participaron policías en servicio activo y pasivo, ante las interrogantes de cómo y cuándo devolverá los valores de la Seguridad Social policial, este había indicado que al momento no tiene liquidez para cumplir con esa obligación.
“Hacemos un exhorto a la Fiscalía General del Estado, para que todas las denuncias que están dispersas en diferentes unidades sean agrupadas en un solo caso, lo que permitirá ejercer una mejor acusación y contar con una auditoría forense desde las distintas entidades del Estado, con cooperación internacional, que son fundamentales en estos casos”, expresó el general Carrillo.
“El origen de toda esta trama está en las actividades oscuras de Jorge Chérrez”, agregó la ministra Romo, pero recalcó que también obedece al manejo arbitrario del Isspol, que entonces era dirigido por el general David Proaño. “Hubo una gigantesca concusión de actores, no solo personas, sino también empresas e instituciones”, aseveró.
Por tanto, rechazó el argumento de que Decevale no sabía nada sobre las operaciones ilícitas. “No es posible que quieran que todo el ilícito recaiga sobre el señor Luis Álvarez (quien abandonó el país). Decevale tendrá que aceptar su responsabilidad en esta trama”, expresó la ministra María Paula Romo.
En su intervención la Secretaria de Estado también indicó que, conforme avanzan las investigaciones, es más claro que Decevale tendrá que aceptar las consecuencias. “El Gobierno toma esto como un asunto de Estado”, dijo; además, informó que se están buscando peritos no vinculados y se efectuará una auditoría forense internacional, para determinar responsabilidades en la estafa.