BOLETÍN 099

Quito, 19 de febrero de 2020.- La Secretaria de Estado fue enfática en desmentir que el Gobierno vaya a expulsar de forma masiva a ciudadanos extranjeros. “Es un grave error decir que el Gobierno esté considerando alguna medida de esa naturaleza. Estamos analizando las reformas para establecer procesos de regulación ordenada y respetando la Ley, independientemente de las nacionalidades. Además, los procedimientos judiciales deben ser individualizados”, destacó.

Afirmó que el objetivo es que la Ley norme con rigurosidad los casos más graves de deportación. “Actualmente, se puede deportar a una persona, pero primero debe ser procesada, sentenciada, cumplir la pena y luego puede ser enviada a su pais tras cometer un delito en el Ecuador. Queremos revisar otras facultades para tomar decisiones en materia migratoria, estableciendo rangos y posibilidades reales”.  Puntualizó que lo que se está proponiendo desde el Ejecutivo no requiere Reforma Constitucional.

Mencionó que en los operativos migratorios se ha confirmado la existencia de una profunda informalidad. “Hay que trabajar como país en la cultura de la legalidad. Cada ciudadano debe cumplir con sus obligaciones. Por eso queremos que hayan requisitos razonables, y para quienes no los cumplan, se apliquen consecuencias”.

El proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana fue entregado al presidente de la Asamblea, César Litardo, por parte de la Ministra Romo y el canciller José Valencia, hace siete meses el pasado 30 de julio de 2019.

Este miércoles, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, asistió a la sesión No. 36 de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, con el objetivo de trabajar junto al Legislativo y tener una norma actualizada, dentro de las reformas propuestas a la Ley de Movilidad Humana. Con la presencia de nueve asambleístas, se analizó la propuesta final del texto del articulado de dicho proyecto, que está próximo al primer debate en el Pleno.