Quito, 30 de octubre de 2018.  El combate al narcotráfico, en lo que va del año, retiró de los mercados de consumo 616 millones de dosis de drogas. Hasta el 21 de octubre de 2018, la Policía Nacional ha aprehendido 72 toneladas de sustancias ilícitas, mediante la ejecución de 8919 operaciones antinarcóticos a escala nacional. De este total 19,5 toneladas de droga han sido destruidas.

Al momento, el Ministerio del Interior realiza gestiones interinstitucionales con la Fiscalía General del Estado (FGE), el Consejo de la Judicatura (CJ) y la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA) de la Policía Nacional para destruir 50 toneladas que se encuentran en las diferentes bodegas del país.

El artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que, para garantizar la transparencia en los procesos de destrucción de drogas ilícitas aprehendidas en el país, participan en estas tareas la Dirección Antinarcóticos (DNA), encargada de la aprehensión de las sustancias; la Fiscalía General del Estado (FGE), que identifica el caso y solicita el análisis químico y pesaje; el Consejo de la Judicatura (CJ), que mediante los jueces de Garantías Penales, dispone el depósito y su destrucción; y el Ministerio del Interior que se encarga de coordinar la quema, en presencia de custodios, jueces y Policía Nacional.

Agilizar los procesos de destrucción 

En el marco de las competencias de esta Cartera de Estado, el 25 y 26 de octubre de 2018, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, organizó reuniones con fiscales provinciales y con representantes del CJ, con el fin de agilizar la destrucción inmediata de sustancias ilícitas, bajo los principios de transparencia, inmediatez y respeto al medio ambiente.

Este procedimiento está compuesto, de forma general, por seis pasos diferentes e inicia con la aprehensión de la sustancia por parte de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional. Posterior a esto, el agente responsable de la aprehensión entrega las sustancias en el Centro de Acopio Temporal (CAT) de la Policía Nacional, donde se establecen las garantías para asegurar la cadena de custodia que corresponde a los registros legales para que el contenido y envoltura del paquete donde está almacenada la sustancia no sean alterados.

Con estas gestiones, el área de administración de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización realiza las coordinaciones respectivas para transportar la sustancia a un gestor ambiental, donde será destruida por medio de incineración, con su respectivo resguardo policial, además de contar con la presencia del juez que dispuso la destrucción, quien da fe de la integridad de la cadena de custodia y verifica su disposición final, de esta manera, se garantiza la transparencia en el proceso.