Quito. Era una supuesta institución dedicada a brindar servicios de seguridad ciudadana de manera ‘gratuita’. Sin embargo, sus actividades no estaban avaladas por el Ministerio del Interior ni por la Policía Nacional. Este viernes 2 de diciembre del 2016, en un operativo coordinado por la Dirección General de Inteligencia (DGI) y la Fiscalía General, se clausuraron sus oficinas por un presunto delito de estafa.

Esta organización convocaba a través de redes sociales a personas “que soñaron pertenecer a los bomberos, a filas policiales o militares y no lo lograron”, decía en la información de su cuenta de Facebook: Comunitarios en Delitos Flagrantes. Según las investigaciones de los agentes, esta entidad cobraba «aportes voluntarios», por una supuesta capacitación que duraba un año, para pertenecer al grupo de seguridad ciudadana.

De esta manera, se confundía a la ciudadanía de las obligaciones y responsabilidades exclusivas de la Policía Nacional. La Constitución de la República, en el artículo 158, expresa que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son las instituciones de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

En el artículo 163 indica que la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.

Operativo y allanamientos

El operativo se realizó en Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, Otavalo y Ambato de manera simultánea, donde funcionaban las oficinas de receptación de los postulantes. En las acciones policiales participó personal de la DGI (Contrainteligencia), Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Criminalística.

Los allanamientos fueron producto de un acto urgente, con el fin de prevenir el cometimiento de un presunto delito de estafa, conforme al artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y en Derecho con Fiscalía y jueces competentes.

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En Quito

Las oficinas principales de Comunitarios en Delitos Flagrantes se encontraban en un inmueble ubicado entre las calles Amazonas y Wilson, centro norte de la capital. Allí funcionaban los departamentos de presidencia, gerencia, tesorería, relaciones públicas, asesoría legal y psicológico. Las paredes de las mismas estaban adornadas con los logotipos de la institución y con fotografías que supuestamente daban a conocer la labor ‘civil y comunitaria’ para la que se preparaban.

Las indagaciones de los agentes indicaron que la inscripción (aporte voluntario) era de 60 dólares y 30 dólares del primer uniforme (un calentador, camiseta y gorra). En total, el primer pago que realizaban los aspirantes para ser parte de la asociación era de 102,60 dólares. La capacitación duraba un año y la asistencia era de dos domingos al mes, el costo mensual era de 60 dólares.

En las hojas volantes que repartía la entidad decía que la preparación era física y para atender a personas en emergencia como erupciones de volcanes, tsunamis, terremotos, accidentes de tránsito, detenciones en delitos flagrantes y emergencias de la comunidad.

Al finalizar el curso se graduaban con el rango de Alfa 1. En el tríptico, no les ofrecían un sueldo fijo, sino que “tienen la oportunidad de recibir un incentivo económico dependiendo del Órgano Integral Institucional de Comunitarios Flagrantes”. El máximo rango al que podían aspirar era de Alfa 3, como gerentes o dirigentes de la asociación. Los instructores tenían el rango de Alfa 2. En Quito habría por lo menos 400 aspirantes y a nivel nacional cerca de 600.

El grupo se tomaba el nombre y los logotipos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. En las paredes de las oficinas se mostraban pancartas con fotos junto con agentes de la Policía. El oficial de la DGI informó que estas personas solicitaban fotografiarse junto con los agentes identificándose como civiles que ayudaban a los uniformados a detener a delincuentes en flagrancia, que está permitido por la Ley, más no a formar una asociación dedicada a estos fines.

Esta Secretaría de Estado expresa categóricamente que la Policía Nacional es la única institución capaz de brindar servicios comunitarios de seguridad y de manera gratuita como el traslado de valores, encargos de domicilio, instalación de botones de seguridad y programas como locales y escuelas seguras. Toda empresa de seguridad privada legalmente constituida debe estar regida por el Ministerio del Interior y acreditada bajo los lineamientos de esta.

Francisco Hidalgo, fiscal de Actuaciones Administrativas II, encargado del caso, ordenó la incautación de todas las pertenencias de esta organización, entre ellas, uniformes, pancartas, computadoras, teléfonos, dinero, muebles de oficina, documentación, facturas. Israel Gualsaquí, intendente General de Policía de Pichincha, ordenó la clausura de esta oficina matriz.

En Otavalo

La Hacienda Yamor, ubicada en la avenida Paz Ponce de León y Jacinto Collaguazo, detrás de la Terminal Terrestre de Otavalo, fue otro de los lugares allanados por agentes de la DGI, en compañía de personal de Criminalística, Fiscalía y de la Intendencia General de Imbabura.

Los uniformados ingresaron al lugar que fungía como restaurante y hotel y en las instalaciones del comedor hallaron a siete personas que laboraban para dicha agrupación. Agentes de Criminalística fijaron los indicios, entre ellos: trípticos, boletos, facturas, uniformes, dinero en efectivo. No hubo detenidos.

Fabricio Reasco, intendente General de Imbabura, indicó que este espacio, que registra permisos diferentes de funcionamiento, permitía el uso de sus instalaciones para las labores de este grupo, por lo que fue clausurado.

En Ambato

Por más de tres meses, Comunitarios en Delitos Flagrantes operaba en Ambato. Se hacían conocer como la nueva modalidad de resguardo que llegaría para revolucionar la seguridad de la ciudadanía.

La tarde de este viernes, La Policía Nacional, a través de la DGI, allanó un local ubicado entre las calles Imbabura y Cantoc, sector Los Paltas. En su interior encontraron folletos publicitarios, documentos de los aspirantes, facturas, uniformes, gorras, artículos que tenían impreso el logo de la Policía Nacional del Ecuador.

El oficial a cargo del caso informó que los indicios serán traslados para un proceso de investigación de la Fiscalía General. En las afueras del establecimiento, varias personas solicitaron a través de facturas, la devolución de los pagos realizados. Los investigadores indicaron a los aspirantes que deberán acercarse a la Fiscalía para que puedan rendir las versiones y acceder a la información pertinente del caso. Redacción Quito.