Boletín 256

Quito, 30 de septiembre de 2022.- Con 33 acuerdos en el tema de Seguridad Ciudadana se suscribió hoy el Acta de Cierre de la Mesa de Diálogo de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas.
El acto se cumplió en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), en Quito.
Los acuerdos contemplan temas de derechos humanos, el derecho a la protesta y derechos de las personas privadas de libertad (PPL).
El pliego de pedidos de las organizaciones indígenas y sociales abarcó 36 puntos. Uno de los principales se refiere a la seguridad de las personas privadas de libertad pertenecientes a etnias o culturas indígenas.
En lo concerniente a las personas privadas de libertad, las partes estuvieron de acuerdo en asegurar la participación de sectores de la sociedad civil como la academia, organizaciones de derechos humanos, familiares, entre otros, en la elaboración de políticas públicas. Esto, con el objetivo de mejorar y fortalecer el Sistema de Rehabilitación Social.
Con respecto a la garantía del derecho a la resistencia y el derecho a la protesta, el Acta establece que las partes diseñarán una política pública junto con un protocolo de protección de personas que defienden los derechos colectivos, derechos humanos y de la naturaleza. En esta actividad participarán con voz y voto las organizaciones sociales.
En el ámbito de la seguridad ciudadana con enfoque en derechos humanos, el Gobierno Nacional diseñará y preparará el Plan Nacional de Seguridad Integral, con la participación de delegados de organizaciones sociales e indígenas.
Al término del encuentro, la viceministra de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Sandra Molina, resaltó la importancia de los diálogos. “Somos un Gobierno de apertura al diálogo. Escucharemos la opinión de la ciudadanía y los invitamos a participar de manera activa en el desarrollo de políticas públicas que nos ayuden a construir un mejor país”, dijo la funcionaria.
En la Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos participaron delegados del Ministerio del Interior; Secretaria de Derechos Humanos; Fiscalía General del Estado, Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (Snai) y representantes de las organizaciones indígenas.