Guayaquil, 03 de mayo de 2018. Un estudiante, de 15 años, fue la primera persona en ser sancionada en el Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG), por haber realizado una llamada al número de Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, para alertar sobre la supuesta existencia de una bomba en el colegio al que asistía a clases; hecho que, tras las investigaciones técnicas del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional, resultó ser falso.

En rueda de prensa, el Comandante de Policía de la Zona 8, Marcelo Tobar, dio a conocer que, una vez recibida la alerta los especialistas del GIR, con apoyo del ECU 911, llegaron a determinar que el teléfono celular desde el que se había realizado la llamada estaba en el plantel educativo. Autoridades judiciales, tras la investigación, determinaron la culpabilidad del estudiante, quien había pedido prestado el teléfono a un compañero.

El joven, que además de cumplir 100 días de servicio comunitario será trasladado a otra entidad educativa, según informó el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, fue sancionado por una contravención de cuarta clase, basada en el Art. 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que en el literal 3, indica que debe ser sancionada: “La persona que de manera indebida realice uso del número único de atención de emergencias para dar un aviso falso de emergencia y que implique desplazamiento, movilización o activación innecesaria de recursos de las instituciones de emergencias”.

Tobar también indicó que hasta el momento en Guayas se han recibido 17 alertas telefónicas por la supuesta existencia de aparatos explosivos en varios sectores; y que solo en dos casos, las unidades especializadas han podido detectar cierto nivel de veracidad: una ocurrió en el Distrito Portete, donde se hallaron residuos de camaretas en una vivienda abandonada; otra, en la zona de Pascuales, donde se encontró una maleta abandonada que causó temor en los habitantes.

También se conoció que, además de la sanción penal por el delito de Terrorismo (Art. 366 del COIP), las personas que realicen llamadas para alertar sobre la existencia de supuestas bombas, que resulten falsas alarmas, “deberán asumir los gastos que demande el movimiento logístico necesario para investigar la veracidad del caso que se haya denunciado”, manifestó Tobar.

En tanto, durante de la Mesa Técnica para el Análisis de Amenazas en Lugares de Concurrencia Masiva, que se efectuó la mañana de hoy jueves 3 de mayo en Guayaquil, la fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, indicó que se ha dispuesto que un fiscal especializado inicie la indagación previa para identificar a quienes pertenecen los números telefónicos desde los cuales se han realizado las llamadas de falsa alarma, para así poder sancionar a los responsables.